La subida desbocada de la inflación, los costes energéticos en cotas nunca vistas, la subida de tipos que se antoja notable a corto plazo, y unido a una ausencia de certezas económicas y geopolíticas, ha trastocado el escenario de la recuperación y alertado a los inversores ante la dificultad de financiación. El capital riesgo es más selectivo y los emprendedores miran con dudas el horizonte.
En este marco, da sus últimos pasos la conocida como Ley de Startups, en su recta final en el Congreso. Pero la cuestión es si esta ley nonata se encuentra adaptada al nuevo marco económico-financiero.
Hace tiempo que el entorno de las startups pedía una normativa específica que las diferenciase de las pymes y reconociese su aportación en el tejido empresarial. Todos los involucrados, entre ellos POLO positivo, como aceleradora de proyectos industriales, está pendiente de la aprobación de la que se conoce como la Ley de Startups con la esperanza de que aporte estabilidad y facilidades al emprendimiento.
El 21 de diciembre del pasado año el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados publicaba el Proyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, más conocido como la Ley de Startups. Aunque aún se encuentra en fase de debate parlamentario, cuenta con el visto bueno del ecosistema emprendedor y de los expertos del sector, que esperan que antes de que acabe el año la norma sea aprobada.
Con este Proyecto de Ley, que incluye novedades sobre el que se presentó meses antes y que no terminó de convencer, se pretende igualar a España con el resto de países europeos en cuanto a las condiciones para apoyar el emprendimiento y la innovación. En la exposición de motivos del proyecto, quedó reflejada tanto la importancia para la estructura económica del país de las empresas emergentes y startups centradas en la digitalización y la innovación, como la discrepancia existente entre la realidad de estas empresas y proyectos y los marcos normativos tradicionales en el ámbito fiscal, mercantil, civil y laboral.
En cuanto a la definición específica de empresas emergentes o startups, el proyecto especifica que se tienen que cumplir determinados requisitos:
- Antigüedad. Empresas de nueva creación o de un máximo de cinco años desde su constitución y de siete en el caso de pertenecer al sector de la biotecnología, la energía, al industrial o del avance de la tecnología.
- Sede social. Establecimiento permanente en España y con 60% de plantilla con contrato laboral en el país.
- Innovación. Ser empresa innovadora. Este requisito será acreditado por ENISA, Empresa Nacional de Innovación.
- No cotizada. No haber cotizado ni haber distribuido dividendos desde su creación y no tener un volumen de negocio superior a los cinco millones de euros.
La futura Ley de Startups está dirigida a impulsar tres elementos principales: beneficios fiscales para los emprendedores, trabajadores e inversores; la reducción de las trabas administrativas; y la flexibilidad en la gestión de la empresa y en la aplicación de los principios mercantiles y concursales.
Incentivos fiscales, trabajadores y trámites administrativos
La presión tributaria inicial de las empresas emergentes se verá reducida ya que el impuesto de sociedades pasa de un 25% a un 15% durante los primeros cuatro años. Además, se elimina la obligación de realizar pagos fraccionados de este impuesto. La Ley posibilitará el aplazamiento de la deuda tributaria sin garantías ni intereses de demora y se eleva la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación de 60.000 a 100.000 euros.
En cuanto a los trabajadores, se recoge la posibilidad de remuneración con opciones sobre acciones de la compañía o stock options y se eleva la exención en el IRPF de los 12.000 a los 50.000 euros anuales en el caso de entrega de participaciones o acciones a los empleados. Además, se elimina la doble cotización a la Seguridad Social durante tres años para los emprendedores que mantengan de manera simultánea otro empleo por cuenta ajena.
La Ley de Startups quiere convertir a España en un lugar atractivo para el talento extranjero y para ello mejorará la fiscalidad de los conocidos como ‘nómadas digitales’ con un régimen especial y se agilizarán las gestiones administrativas para la gestión de visados y la obtención de la residencia.
